Finalmente, quedó expuesto. No puede decirse que sea una novedad: este diario viene diciéndolo desde hace tanto? Pero lo que sí puede afirmarse sin temor a equivocaciones es que, ahora, es oficial.
Es que esta vez no fueron los opositores. Es más: ni siquiera fueron los políticos. Por el contrario, los que lo dijeron fueron técnicos. No sólo eso: los dicentes son los especialistas del Estado. Y lo pusieron por escrito en un informe. Después de estudiar toda la documentación sobre los ingresos y los egresos del Estado durante el año pasado, los contadores fiscales del Tribunal de Cuentas, mediante sus dictámenes sobre la Cuenta de Inversión de 2009, brindaron todos los elementos para configurar el diagnóstico inequívoco. Sin más, el Gobierno ha conseguido que para los tucumanos sea sencillamente imposible saber la verdad sobre las cuentas públicas.
La situación puede ser expuesta de una manera escalonada. Para empezar, dicen los controladores que no se puede saber si lo que envió la Nación es todo lo que debió mandar. Es casi una doble tragedia. Es decir, ya se sabe que la Casa Rosada se queda con lo que no debiera quedarse. Por un lado, no liquida el Impuesto al Cheque de la misma manera en que lo hace con otros impuestos coparticipables. Para el caso, de lo que percibe por el IVA, ella se queda con el 31,2%, reparte en las provincias el 44,5% y el 24,3% restante lo destina a la Seguridad Social. Con el Impuesto a los Débitos y los Créditos Bancarios, en cambio, se apropia del 80,5%, reparte a las provincias el 15% y le da el 4,5% final a la Anses. Y, por otra parte, sigue reteniendo de manera indebida el 15% de la Coparticipación, en virtud de un pacto que dejó de ser ratificado en 2006, y que surgió para garantizar el pago de los aportes jubilatorios a las AFJP que ya no existen. Pero el asunto es que ahora también hay problemas con el dinero que la Nación sí remite: en concreto, no se puede saber si todo lo que mandan es todo lo que deben mandar. Dicho por el ente de contralor: "no se cuenta con información que permita establecer si efectivamente las remesas transferidas son las que corresponde percibir".
Idéntica falta de claridad es advertida por los fiscalizadores respecto del origen y el destino de esos fondos que sí llegan. Esto, porque los recursos nacionales no son individualizados sino expuestos globalmente, "lo que no permite determinar de qué tipo de recursos se trata". O sea, si son de programas específicos, de convenios especiales, de leyes generales o de la graciosa discrecionalidad de su majestad. Con ello, también se pierde el objeto de aplicación y la normativa a la que deben ajustarse.
Zozobra todavía más la posibilidad de conocer algo de la realidad del erario, justamente, cuando los profesionales del Estado advierten que, de lo que sobra, no se puede saber cuánto sobra. Pese a que la legislación vigente es sumamente simple: para determinar un saldo, sólo hay que restar a la plata que se recibe (se llama Presupuesto Vigente) aquello que se ha ordenado pagar (se llama Ordenado a Pagar). O sea que dos pesos menos un peso es igual a un peso. Pero para el Gobierno, eso en realidad debe ser igual a cero. ¿Por qué? Porque tiene aprobado gastar el peso que queda, así que tal vez lo gaste? o tal vez no.
Como resultado de ese criterio distorsivo es que el Tribunal de Cuentas ha dicho que los saldos presupuestarios "no reflejan razonablemente la situación de la ejecución presupuestaria", en el caso de los tres poderes, en el de la administración pública centralizada, y en el de la descentralizada también. En otros términos, los saldos de todo el Estado tucumano carecen de razonabilidad legal.
Un interrogante se impone por sí solo. ¿Qué pasó cuando ese peso que sobraba y que se podía gastar, al final, no se gastó? No se sabe. El informe sobre la Cuenta de Inversión viene con insuficiencia informativa crónica sobre excedentes presupuestarios. Esa plata queda disponible para que el funcionarado dé rienda suelta a la discrecionalidad.
Mucho de ese espíritu inspira, pero a gran escala, el diseño el Presupuesto General de la Provincia. En rigor, el alperovichismo hace y deshace como quiere ese instrumento del que depende la operatividad de todo el universo público: de allí sale la financiación para lo que sea que quiera hacerse. Por eso la tradición legislativa le llama Ley de Leyes.
Pero en Tucumán, por el contrario, es casi una ley fantasma. El Estado que, según anticipó el columnista Marcelo Aguaysol, dispondrá de $ 10.000 millones en 2011, hace años que no le reparte un juego de fotocopias de las planillas de Ingresos y de la de Egresos ni a los legisladores oficialistas. Incluso, han cambiado los nomencladores (el número que designa a cada recurso) así que de las partidas ya ni siquiera el nombre se conoce. Año tras año, se vota una distribución de recursos que no ha sido difundida. Eso sí, esto no es lo más inverosímil en lo referido a la administración del erario: lo increíble es que ese Presupuesto que la Legislatura hace aprobar en términos oscurantistas es esencialmente una mentira.

Los subestimadores
Es que los Presupuestos del alperovichismo (así como los tucumanos a quienes va dirigida la información de esos Presupuestos) vienen siendo sistemáticamente subestimados. El Gobierno siempre calcula que va a haber una inflación similar a la de los mejores países desarrollados junto con un crecimiento económico similar al de los peores países subdesarrollados. A eso agrega que Rentas siempre recaudará menos que antes (aunque venga recaudando más que nunca) y termina por calcular que manejará mucha, pero mucha menos plata que la que sí sabe que manejará. ¿Por qué? Porque aunque escondido, el expediente del Presupuesto existe y sus planillas pautan asignaciones específicas. Para conjurar ese límite legal, pasada la mitad del año aprueban las "ampliaciones presupuestarias". Con ellas, se agregan millones sin asignación específica: el Gobierno puede gastar discrecionalmente todo cuanto añadió.
Mediante esa bicicleta ha venido transitando el oficialismo casi dos mandatos completos. El problema es que, este año, se salió la cadena.
Octubre, precisamente, llegó para inaugurar el trimestre más millonario de la historia tucumana. El último día de septiembre, la Legislatura aprobó una ampliación presupuestaria que totalizó $ 1.134 millones. Lo que importa de esa cifra no son sus diez dígitos sino que equivale al 16% del Presupuesto que había sido aprobado para todo este 2010. En otras palabras, el Gobierno tuvo que corregir su Presupuesto en un 16%. Lo que equivale a decir que le erraron a lo grande. Sin embargo, la verdad es que no lo hicieron.
No se trató de un error. Es decir, el error siempre está previsto pero con márgenes menos erráticos: el 5% es un clásico decente. Errar en un 16%, sobre todo para el Gobierno de un contador, no es errar: es blanquear que el Presupuesto nunca se hizo para presuponer nada. Por cierto, suponer lo contrario, admitir en un momento de candor que en realidad el Gobierno tan sólo se equivocó, no desemboca en un mejor escenario. Lo exhibe la propia explicación oficialista: argumentaron que no se trataba de que iban a llegar $ 1.134 millones porque a la mitad, en realidad, ya estaba gastada; así que sólo estaban blanqueando la situación. De ser así, quienes gobiernan Tucumán erraron en un 8% el cálculo de gastos solamente para los primeros nueve meses del año.
Igualmente, lo que sí es cierto de esa versión oficial es la parte que dice que tanta plata no iba a venir. En rigor, no iba a llegar ni una mitad ni tampoco la otra. Ni de la recaudación "récord" de Rentas ni de los fondos nacionales "extra" iban a surgir $ 1.134 millones, ni tampoco $ 567 millones. Y no iban a remitirse porque, la verdad es que ya habían llegado. Estaban de los tiempos del electoralísimo 2009, en el cual tanto invirtió el kirchnerismo para perder tantas bancas en el Congreso... Y del agorero 2008, ese durante el cual el alperovichismo anunció (en un octubre como este) que recortaba todas las partidas en un 15% para "ahorrar", a fin de conjurar la financiera internacional?
Cuando se suman las piezas del rompecabezas en que el alperovichismo ha fragmentado el erario, el cuadro se completa de incompletos. Cuándo se aprueba el Presupuesto, no se sabe en que van a gastarlo. Cuando lo amplían, tampoco. Cuando lo ejecutan, menos.
Así es como en Tucumán los fondos públicos dejan de ser públicos en el fondo. Así es como, en la democracia pavimentadora, lo público deja de tener fondo, también.